1916, dadá. 1957, situacionismo. 1977, punk… ¿Y ahora qué? ¿Punk 2.0? ¿Un buen sillón para ser testigos de la crisis sin derecho a intervención? Mientras las editoriales españolas editan manuales sobre la revolución por venir y la música se mira el ombligo, encuestamos a escritores, artistas, teóricos… ¿Cuál será la próxima revuelta?

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Tengo las alas prontas para alzarme,
con gusto vuelvo atrás,
Porque de seguir siendo tiempo vivo,
Tendría poca suerte.
GERHARD SCHOLEM, Gruus vom Angelus

Cielo sobre Berlín

Hay un cuadro de Klee que se llama Ángelus Novus. En él se representa a un ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, el ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irremediablemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso.

Walter Benjamin, Tesis de Filosofía de la Historia, Tesis 9.

Grupos de jóvenes han incendiado coches y destrozado un centro social a lo largo de la pasada noche en un suburbio de Lyon (sur de Francia). Los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas policiales por segunda noche consecutiva en protesta por la muerte de un joven de origen árabe cuando se encontraba en custodia policial.

Las protestas comenzaron en la noche del martes después de que Mohamed Benmouna, un muchacho que vivía en los suburbios de Lyon, fuese detenido por un intento de robo. Poco después de su arresto entró en coma y horas más tarde murió. Según la policía, Benmouna trató de suicidarse utilizando un cordón del colchón de la celda donde fue encerrado y en la que supuestamente los agentes le encontraron ahorcado. La familia desconfía del informe policial.

Jóvenes muertos en 2005

Más de 200 agentes antidisturbios han sido desplegados para tratar de controlar la situación. Están apoyados por helicópteros que sobrevuelan a los manifestantes. Los jóvenes destrozaron contenedores de basura e incendiaron coches antes de enfilar su ira contra el centro social que ha sido destruido.

El fiscal de Saint-Etienne, la mayor ciudad más cercana a la zona del conflicto, rechazó las insinuaciones de que se habían cometido abusos por parte de la policía contra el joven muerto. Sin embargo, reconoció que el equipo de vigilancia por vídeo que debería de haber filmado a Benmouna en su celda no funcionó correctamente. Se ha ordenado la autopsia del cadáver para tratar de investigar los hechos.

Nueve personas fueron detenidas ayer miércoles después de la primera noche de violencia, que comenzó cuando Benmouna estaba aún vivo pero se encontraba ya en coma.

REUTERS - Lyon – 09/07/2009

Tanto en Francia como en el  extranjero se ha escrito mucho sobre los acontecimientos que los medios de  comunicación han denominado la “insurrección de los suburbios” o la  “guerrilla urbana”, deformándolos parcial o completamente, y que se desarrollaron entre finales de  octubre (a raíz de la muerte en condiciones poco claras de dos jóvenes  perseguidos por la policía en Clichy-sous-Bois) y finales de noviembre (tras la  decisión del Gobierno Chirac-Villepin-Sarkozy de prorrogar el estado de  urgencia por tres meses). El ridículo se alcanzó cuando las embajadas de varios  países extranjeros difundieron consignas de seguridad dirigidas a sus nacionales  residentes en territorio francés. Francia no está en llamas. Los desordenes  sólo tuvieron lugar en las ciudades satélite y los barrios suburbiales más  pobres del país, donde habitan numerosas familias de las capas populares en  grandes torres y masas de hormigón (y donde raramente se ven turistas u hombres  de negocios). Los jóvenes que se rebelaron contra el orden establecido la  emprendieron contra bienes materiales, incendiando coches (por millares),  centros comerciales, comisarías de policía, bancos, etc. no contra las  personas, con la excepción de las fuerzas del orden. Nuestra intención aquí no  es justificar estos actos de violencia gratuita, sobre todo cuando se sabe que afectaron a bienes públicos (escuelas, transportes públicos, etc.), sino  intentar comprender las razones de esta rebelión. Ya que, aún sin aceptar las  formas que ha tomado, muchos Franceses comprenden esta explosión y, para decir  todo, la esperaban como algo absolutamente ineludible. Sabemos todos que esta  sociedad (capitalista) nuestra no ofrece nada a estos jóvenes: ni condiciones  de alojamiento satisfactorias, ni una educación que les permita conseguir un  empleo estable, ni esperanza de promoción social, ni reconocimiento, ni  escucha. La relación más tangible de estos jóvenes con el Estado (capitalista)  consiste en los controles policiales, a veces brutales, siempre intimidatorios  y humillantes, basados en el aspecto.

Muchos observadores hicieron oír  sus voces, con razón, contra la represión, pero lo hicieron limitándose en  general a concentrar las críticas sobre el ministro de Interior, en campaña  para las elecciones presidenciales de 2007. Es evidente que su dimisión, por sí  sola, no resolvería los problemas de los suburbios. Las provocaciones de  Sarkozy –que pretendía limpiar “con mangueras de agua a presión” las  calles de la “inmundicia” que “las contamina”–, se  consideraron como insultos –que es lo que son– por los habitantes de las  ciudades satélite, y también como una manifestación de odio contra los pobres.  Son las clases populares en su conjunto, todos los que sufren y resisten a la  ofensiva destructiva del neoliberalismo, quienes se sintieron aludidos.

Ha habido gentes cuya lectura de  estos motines se ha basado en criterios de raza y religión. Ello significa  olvidar que esta rebelión plantea básicamente un problema de clase. Se trata de  una rebelión de jóvenes de las clases bajas urbanas precarizadas, que están  aprendiendo el significado de la lucha de clases a fuerza de golpes que les  asestan los aparatos represivos de Estado: reinstauración de hecho de la doble  pena (prisión + expulsión), justicia expeditiva, juicio en comparecencia  inmediata la noche misma de su detención y condenas a penas desproporcionadas (un año de prisión por haber incendiado cubos de basura, expulsión de titulares  de un permiso de residencia arrestados por la policía, etc.) La represión que  se abatió sobre estos jóvenes es una represión de clase, dirigida contra los  pobres, contra ese subproletariado de las ciudades satélite, sin distinción de  orígenes. Que muchos de ellos sean de origen extranjero (norteafricanos y subsaharianos sobre todo) no impide ver que el punto en común de estos  rebeldes, tanto si son franceses de origen como si son inmigrantes o  extranjeros, es la pobreza. Y eso se traduce, geográficamente, en un urbanismo  que los relega a estas zonas de exclusión.

Esta represión de clase,  agravada por el odio de raza de unas élites francesas que, autistas y saciadas  de dividendos, abruma hoy a los jóvenes de los suburbios se explica, entre  otras cosas, por un hecho a menudo ocultado. Incluso en la confusión de los  enfrentamientos, las luchas de estos jóvenes -que son también pueblo de Francia  y en su gran mayoría “gente como todo el mundo”- son portadoras de  una alternativa a la sociedad actual. Esta alternativa no ha sido teorizada, ni  conceptualizada, ni siquiera a menudo aclarada, pero se practica y está en fase  de aplicación en la dura realidad de las ciudades satélite, en el infierno de  la vida cotidiana: fracaso escolar, discriminación, desempleo, edificios  ruidosos y deteriorados, transportes públicos deficientes y demasiado costosos,  escasez de infraestructuras sociales y culturales, etc. La alternativa de la  que son portadores estos jóvenes de los barrios populares es la antítesis del proyecto antisocial de la burguesía francesa y las élites europeas, es la  inversión simétrica del apartheid  urbano-racial-social predicado por la extrema derecha de Le Pen, rencorosa,  xenófoba y reaccionaria. Esta alternativa se sitúa exactamente en el punto  opuesto del apartheid mundial querido, desde Estados Unidos, por Bush. La  paradoja, y una parte de la dificultad para entender el sentido de estos  motines, proviene de que estos jóvenes se hallan alienados y son totalmente permeables al modo de vida consumista  estadounidense: prendas de vestir, comida, juegos, jergas, referencias  culturales, etc., pero, debido a su antirracismo puesto en práctica en las ciudades satélite, rechazan la modalidad de existencia de Estados Unidos, es  decir, la violencia de un sistema de segregación dentro del país y de guerra  fuera de él. No se trata ya de la violencia de grupos de jóvenes que incendian  coches, sino de la del primer Estado terrorista del mundo, en lucha contra los  pobres. Aunque la mayoría de estos jóvenes amotinados no esté politizada, su acción es política.

La alternativa que se construye  hoy, en primer lugar en estas ciudades suburbiales, y por la cual luchan en  primera línea estos jóvenes, junto a sus padres, amigos y vecinos es la de una  Francia mestiza, multicolor, abierta al mundo -especialmente al Sur, al Tercer  Mundo-, una Francia fuerte y orgullosa de sus diferencias, cosmopolita y  acogedora. Una Francia que no olvida que, en 1789, su Revolución concedió un  acta de diputado a un alemán (Anacharsis Cloots); que la Comuna de París contó,  en 1871, con representantes polacos (Wrobleski, Dombrowski); y sobre todo que  millones de extranjeros dieron su vida para defenderla. Lo que estos jóvenes  nos recuerdan, hasta en la furia de estos acontecimientos, es que Francia está  en pleno mestizaje, que Marianne  tiene la piel morena. La evidencia está a la vista: en las clases populares,  muchos jóvenes y menos jóvenes, han tomado ya partido desde hace tiempo. Más  allá de las dificultades a que se enfrenta ese proyecto antirracista, en los  barrios pobres, campos de batalla sobre los cuales se desarrolla el combate  decisivo contra el racismo, amplios sectores populares, incluidas clases  medias, ha optado en conciencia, con valor y tolerancia, por aceptarse, vivir y  construir juntos, en el respeto del otro. La gran mayoría de los jóvenes que se  alzaron es francesa y no tiene ninguna necesidad de “integrarse” (por  otra parte, ¿con quién? ). Exigen ser aceptados y reconocidos por lo que son y lo que hacen: son franceses como los demás, y construyen la Francia de mañana:  una sociedad de aceptación del otro, de mestizaje, de confraternización de  razas y nacionalidades.

Estamos muy lejos del tópico de  una Francia racista, en curso de fascitización bajo el efecto de las tesis de  Le Pen. Heredero de la Francia de la vergüenza, de Vichy a la OAS, de la  Francia de esta Europa “indefendible” como decía Aimé Césaire, el Front National renació a principios de la década de 1980, de la mano de un  Mitterrand deseoso de romper la influencia del Partido Comunista Francés. El  Frente Nacional creció sobre el abono nauseabundo de la historia de la  burguesía francesa, la de la esclavitud, la colonización, la colaboración con  el nazismo, el imperialismo. Le Pen consiguió pudrir lo que el neoliberalismo  habían empobrecido. Y la victoria contra él en 2002, gracias también a esa  juventud abigarrada de los suburbios, que supo asimismo movilizarse y decir  “no” en mayo al referéndum sobre la Constitución Europea, fueron  decisivas para la defensa de los valores de la República y de lo que 1789 tuvo  de universal. El peso político del FN no se debe a un supuesto racismo del  pueblo de Francia, sino más bien a la reacción de las fracciones extremistas de  la burguesía nacional ante la opción antiapartheid adoptada y ya practicada por  los jóvenes de los barrios populares. Y queda aún mucho camino por recorrer  antes de que nuestras élites acepten abrir el debate sobre lo que ellas  hicieron sufrir a los pueblos de Francia y el mundo anteriormente: de la esclavitud  a las guerras coloniales, del colaboracionismo de Pétain en Francia a los  apoyos a las dictaduras neofascistas del Sur. Tanto camino hay aún para que se  abra el debate sobre lo que nuestras burguesías, dirigentes transnacionales y  altos responsables del Estado, hacen a Francia y del mundo: mantenimiento de  zonas enteras del pueblo en el desempleo y la pobreza, saqueo imperialista del  Sur por sus empresas y su Estado. Son estos jóvenes de los barrios que hacen  frente a Le Pen y a sus sustitutos de la derecha “moderada” por medio  de los cuales gobierna por delegación. Son estas ciudades satélite las que más  sufren los innumerables desastres sociales causados por la política neoliberal  impuesta al pueblo francés desde el principio de los años ochenta por esta  alternancia sin alternativa de la derecha tradicional y el Partido Socialista.

Pero Francia es un país  democrático, puesto que su Presidente fue elegido por el pueblo. ¡Hasta por un 82%! ¡Y ahora un 70% de los  franceses afirman hoy no tener confianza en él! Votaron contra Le Pen, y Chirac  aprovechó para seguir con más de lo mismo: cada vez más neoliberalismo. No se  trata de minimizar aquí la importancia del voto. Pero si para la mayoría de los  Franceses la democracia representa darse un paseo, un domingo al año, hasta la  mesa electoral para hacer cola (en silencio), asentir con la cabeza al oír su  nombre (en silencio), deslizar un sobre en la urna (en silencio) y volver a  casa (en silencio), entonces es bien poca cosa. Cuando una minoría impone una política  antisocial a la mayoría, no es democracia. Votar para que sólo cambie lo  necesario para que nada cambie, no es democracia. La cohabitación de la antigua  derecha (tradicional) y la nueva derecha (PS), la una más neoliberal y  atlantista que la otra, no es democracia. Es el “poder fuera del pueblo,  sin el pueblo, contra el pueblo”; el capitalismo moderno, neoliberal; el  poder de las finanzas; es decir, una “democracia de accionistas”.  Votamos el 29 de mayo y dijimos “no” a la sumisión atlantista de las  élites europeas, votamos “no” a la constitucionalización del neoliberalismo en Europa, un no de clase, un no de esperanza. Y ganamos. ¿Se  oyó nuestra voz?

No. Todos ellos fueron  derrotados, democráticamente; todos siguen en sus sitios, ¿democráticamente? ¿Cómo se espera que los jóvenes de las  clases populares crean en esta ficción de democracia, “puenteados”, sin estar  representados por nadie y pudiendo contar sólo con ellos mismos?

Así, desde el 8 de noviembre de 2005, en las  “zonas sensibles”, para los rebeldes (a veces menores), es el estado  de urgencia; régimen de excepción que, “en caso de peligro inminente resultante de ataques graves al orden público ” libera a las autoridades  administrativas (los prefectos) del principio de legalidad que regula normalmente  su actividad, mediante la ampliación de sus poderes en forma de: prohibición de  circular, arresto domiciliario de las personas cuya actividad resulte peligrosa  para el orden público (sin la “creación de campos donde se mantendrían  detenidas las personas”), cierre de salas de espectáculos y de comercios  de venta de bebidas, prohibición de reunirse con miras a causar o mantener el  desorden, registros a domicilio día y noche, controles de prensa,  publicaciones, radios y cines, competencia de los tribunales militares en los  casos de delitos de derecho común, etc. Es decir, una ley represiva a la que  los “demócratas” que nos gobiernan sólo recurrieron contra los  argelinos (1955) o los “canacos” de Nueva Caledonia (1985). En la metrópolis, no lo hicieron ni en 1968.  Alcaldes de derechas que imponen en sus municipios el  toque de queda a partir del atardecer (como ha hecho en Raincy Éric Rault, ex  ministro UMP de la ciudad). A excepción de algunos cargos elegidos socialistas  que se declaraban francamente satisfechos de las medidas adoptadas por el  Gobierno, la izquierda en su conjunto condenó esta escalada de la represión:  Partido Comunista, Liga Comunista Revolucionaria, Verdes, Federación sindical  unitaria, MRAP, Liga por los Derechos Humanos, Sindicato de la Magistratura,  Comité de personas sin domicilio fijo, Asociación de trabajadores magrebíes de  Francia, Centro de Estudios e Iniciativas de Solidaridad internacional, etc.  etc. Las reacciones del Partido Socialista, en cambio, han sido por lo  menos mesuradas: el primer secretario del PS, François Hollande, declaró que  “la aplicación de la ley de 1955 debe limitarse en el tiempo y en el  espacio” y que su prórroga era “un mal símbolo”. En noviembre de 2001, su esposa, Ségolène  Royal, entonces viceministra de la Familia y la Infancia del gobierno Jospin, ofuscada por la validación por el Consejo de Estado de un orden municipal toque  de queda ya había dicho: “el término toque de queda es inadmisible… es un  término belicoso”. Jean-Marc Ayrault, presidente del Grupo Socialista de  la Asamblea nacional, por su parte, se ganó los favores de un hemiciclo  mayoritariamente de derechas declarando: “en tales circunstancias, las formaciones democráticas deben saber concebir un pacto de no agresión”.

No es menos cierto que muchos jóvenes de suburbios,  y de toda Francia, se hallan hoy completamente desvinculados de las luchas de  emancipación del movimiento obrero francés y de la memoria de su historia. La  escuela no les enseña esta materia -y menos aún las luchas de los pueblos del  Sur-, y tampoco lo hacen los partidos y los sindicatos de izquierdas. Pero lo  que es seguramente más grave aún, es que muchos militantes progresistas ignoran  casi todo de la historia y de la actualidad de las resistencias de las ciudades  satélite y la inmigración en Francia. Ahora bien, estos dispersos movimientos asociativos, molestos, en ebullición, son  la expresión autoorganizada de las poblaciones de los  barrios populares, franceses y extranjeros pobres mezclados que avanzan codo  con codo para una transformación progresista de la sociedad. Estas luchas surgen sin cesar de las ciudades  satélite, alimentadas por la dificultad de las condiciones de vida y (de falta)  de trabajo, estallando después de cada “atropello” policial. Estas  luchas se esfuerzan en organizarse, estructurarse, unirse, debilitadas por las  ofensivas de recuperación, instrumentación y desvío de sus energías. En Francia, la historia de las luchas de los  habitantes de las ciudades satélite se solapa -aunque sin encubrirla—a la de  los inmigrantes. Hunde sus raíces, partir del  desencadenamiento de la crisis de los años setenta, en  los combates llevados por los inmigrantes de la “primera generación”  venidos del Sur, que se organizaron en grupos autónomos con el fin de defender  sus derechos e intereses en el lugar de trabajo o residencia (Étoile nord-africaine, Mouvement des Travailleurs arabes, Maison des Travailleurs  immigrés, etc.) Desde el principio de la década de 1970, las huelgas del hambre  de los “indocumentados” (contra la Ley
Marcelin) produjeron varias  decenas de millares de regularizaciones. A pesar de una dura represión, en  1976, las huelgas de alquileres de los trabajadores de los hogares Sonacotra,  en protesta contra unas condiciones de alojamiento lamentables, luego las de  familias enteras en “ciudades de tránsito”, permitieron arrancar  nuevos alojamientos.

Estas luchas se reforzaron en la década de 1980, ante los efectos sociales  devastadores del neoliberalismo y el ascenso del  Frente Nacional, con la aparición de los  movimientos de jóvenes de las ciudades satélite y de la inmigración de la  “segunda generación”. En 1982, una serie de agresiones de carácter  racista y de atropellos policiales causó la creación, entre otras cosas, de la Association Gutenberg, en Nanterre, que contribuyó a coordinar las acciones de  resistencia contra el racismo y las discriminaciones y a la autoorganización de  las luchas de los habitantes de los barrios populares. Estos últimos se  movilizaron poco a poco en torno a una multitud de asociaciones e iniciativas,  sobre todo en las regiones de París y Lyon. Fue el caso, después, de las confrontaciones entre jóvenes y fuerzas de orden en Minguettes (Vénissieux) y  el llamamiento “Policía y justicia iguales para todos”, de una serie  de asociaciones de barrios: Zaama d’Banlieue, en Lyon; Lignes parallèlles, en  Vaulx-en-Velin; o, en los suburbios parisienses, Wahid Association y el  Collectif des Mères des victimes de crimes racistes et sécuritaires. El año  1983 es un momento de inflexión: las asociaciones de Minguettes (SOS Avenir, en  particular) lanzan la iniciativa de una gran marcha pacífica “en favor de  la igualdad de derechos y contra el racismo”, que sale en octubre de Lyon  y llega a París en diciembre, y reúne a más de 100.000 personas. Para sorpresa de todos, el impacto de esta marcha fue enorme, con su parte positiva, como la  instauración de la “tarjeta de residencia de 10 años”, y negativa,  muy especialmente la puesta en marcha por el Partido Socialista de la máquina  de recuperación electoral de los movimientos de las ciudades satélite, y en  primer lugar de los jóvenes beurs. La  ilustración más acabada de esta manipulación de las demandas de los jóvenes fue  el nacimiento de la asociación SOS Racisme en diciembre de 1984. Nacida en los  salones del Elíseo, se benefició de medios materiales considerables, además de  los apoyos de Matignon (Fabius), la Juventud Socialista, los medios de  comunicación (Libération, Le Matin), intelectuales y publicitarios mediáticos,  etc. Seguirán, en este espíritu, la creación de France Plus (1985), las  subvenciones a Radio Beur y a la Amicale des Algériens, la moda de la  “ciudadanía” en torno a Mémoire Fertile (1987), y la promoción de lo  que podríamos llamar una “beurgeoisie”. [3]

La brecha seguía ensanchándose irremediablemente  entre las asociaciones institucionalizadas (organizaciones de izquierda,  antirracistas, católicas, etc.) y los movimientos de las ciudades satélite que  operaban sobre el terreno. Entre éstos, el Collectif Jeunes, creado a finales  de 1983, se dio a conocer en la región parisiense por sus acciones de choque:  ocupaciones (hipermercados, periódicos, un coloquio organizado por el MRAP y el  PS, entre otras), ruedas de prensa (en los locales de la Prefectura de policía  de París), manifestaciones de solidaridad con los obreros inmigrantes  despedidos en conflicto con patronal y sindicatos (en las fábricas de  automóviles Talbot, en Poissy, y Renault, en Flins) que fue la ruptura  definitiva con el PS y el antirracismo de salón. Los distintos movimientos seguían  estando sin embargo aislados, enclavados en sus zonas respectivas, divididos  entre sí. En las Jornadas nacionales de jóvenes de las ciudades satélite y la inmigración, en junio de 1984, en Bron no fue posible alcanzar la unidad.  Demasiados conflictos dividían la dinámica global. Uno de los puntos de  divergencia entre las asociaciones era su posición con relación a la defensa de  los jóvenes, franceses o extranjeros, con antecedentes penales, lo que  constituía, por ejemplo, una parte del trabajo de Convergence 84, surgida del  Collectif Jeunes de París, o de Jeunes árabes de Lyon et banlieues (JALB) en  Lyon, movilizados ya en 1985 contra proyecto de Ley Pasqua.

En los años noventa  tuvo lugar un nuevo desarrollo de las asociaciones y los comités de barrios, algo  más organizados, autónomamente, sobre la base de reivindicaciones sociales y  políticas, especialmente en los suburbios de París (Les Mureaux, Nanterre,  Mantes-la-Jolie, Goussainville, Vitry-sur-Seine) y de Lyon (Vénissieux,  Vaulx-en-Velin). En París, se constituyó un colectivo interurbano, Résistance  des Banlieues, con el fin de ayudar a los habitantes en sus relaciones con la  policía, la justicia, la administración de los bloques de viviendas sociales,  etc. Con el respaldo de ex miembros del Collectif Jeunes, una nueva generación  de militantes de las clases populares surgió de las ciudades satélite y de la  inmigración y se organizó. Uno de los grupos más activos es el Comité National  contre la Double Peine (CNDP), creado en 1990 en Ménilmontant (20º arrondissement de París). Mediante la  ocupación de locales (de SOS Racisme, prefecturas, aeropuertos), huelgas de  hambre y manifestaciones de apoyo a jóvenes en precario condenados, condujeron  a un cuestionamiento de una ley represiva e injusta (Ley Sapin de diciembre de  1991). En Lyon, después de los motines de Vaulx-en-Velin (1989-90) tras nuevos  atropellos, se formó un comité contra las violencias policiales y la  manipulación informativa en el barrio Agora del Mas-du-Taureau. Su radicalidad  militante condujo a una larga serie de conflictos entre esta asociación y los  poderes locales (prefecto, alcalde, Fondo de acción social, centros sociales),  y también una aproximación con el CNDP y las fracciones de movimientos más  antiguos, parisienses (Gutenberg) y lioneses (Lignes Parallèles, JALB). Las  Jornadas nacionales de los suburbios, en 1992, confirman esta convergencia de  las dos asociaciones (y la ruptura con el JALB, satelizado, no sin problemas,  por los Verdes). De la misma manera que habían hecho irrupción, juntos, en un coloquio sobre la ciudad (“Banlieue 89″) organizado en Bron por el PS  y presidido por el presidente Mitterrand, sus militantes emprenden, codo con  codo, una serie de acciones de solidaridad en los barrios: servicios jurídicos  permanentes y asistencia de abogados, apoyos escolares y ayudas en la búsqueda  de empleo, etc. En las elecciones municipales de 1995, Agora y otras  asociaciones se unen para presentar una lista local, “Le Choix  vaudais”, que se consiguió cerca del 20% de los votos en Mas-du-Taureau,  siguiendo el ejemplo de Jeunes Objectif Bron (1989).

El Mouvement de  l’immigration et des banlieues (MIB), surgido tras una convención nacional de jóvenes celebrada en la bolsa de  trabajo de Saint-Denis, en mayo de 1995, es el  producto de esta historia de luchas de las ciudades satélite. Prosigue la  búsqueda, ya iniciada antes, de la autonomización y la participación de los  habitantes de los barrios populares, intentando instaurar la relación de  fuerzas menos desfavorable posible. El MIB analiza también los métodos de resistencia a la enajenación capitalista, a fin de intentar emancipar a los  jóvenes de sus relaciones de odio-deseo ante la sociedad de consumo. Los  objetivos declarados del MIB consisten en sostener y reunir a los protagonistas  de la lucha en las ciudades satélite (contra la discriminación, las agresiones  racistas, la violencia policial, la doble pena, las expulsiones de extranjeros,  en favor del alojamiento, el empleo, el respeto de la libertad de culto, el  control de su futuro por las propias poblaciones, etc.), pero también en  formular una estrategia de acción y representación políticas. De ahí el  esfuerzo para devolver la memoria de las luchas de las ciudades satélite y de  los inmigrantes, y para contextualizar sistemáticamente los problemas concretos  en el contexto de las relaciones de fuerza internacionales (explicación de los  agravamientos sucesivos de la represión después de la guerra del Golfo en 1991,  en el momento de la Intifada, luego en el marco de la “lucha contra el terrorismo”  después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y de nuevo después de la  invasión de Irak en 2003).

Evidentemente, las propuestas deben formularse de manera  suficientemente amplia para que permita su articulación con las pretensiones de  otros movimientos sociales en lucha, aparecidos también en los años noventa, a  saber: la Association Droit au Logement (DAL), creada  en 1990 con ocasión de la ocupación de inmuebles por familias expulsadas, en la  Place de la Réunión en el 20º arrondissement  de París; el Comité des Sans-Logis (CDSL), creado en 1993 para ayudar a las personas en estado de gran precariedad y a los pobres muy aislados; la  asociación Droits Devant! (Dd!!), creada en diciembre de 1994; Agir contre le  chômage! (AC!) ; el Groupe d’Intervention et de Soutien aux Immigrés  (GISTI); el llamamiento Appel des “Sans”, lanzado del 20 de diciembre  de 1995, entre las grandes huelgas obreras contra el neoliberalismo; el  Mouvement national des Chômeurs et des Précaires; la Association pour l’Emploi,  l’Insertion et la Solidarité (APEIS), etc.

Hacer converger las demandas de todos estos movimientos diferentes no es  fácil, pero existen muchos puntos de convergencia; por ejemplo, el empleo. En  las ciudades satélite, muchos jóvenes, aun teniendo sus papeles en regla, no  encuentran trabajo formal -la tasa de  desempleo es superior al 20% entre los jóvenes y de alrededor de un 50% entre  los de origen africano, lo que se explica, entre otras cosas, por la  persistencia de una discriminación difusa y multiforme–; sus peticiones de  empleo se dejan de lado por provenir de un grupo social sobre el que los empresarios proyectan sus prejuicios negativos, y también porque en el mercado  laboral, en Francia como en los otros países capitalistas del Norte, la oferta  de trabajo clandestino se abastece permanentemente, según convenga a los  empresarios de la confección, la hostelería-restauración o la construcción, por  flujos de inmigración clandestina prácticamente constantes desde la implantación del neoliberalismo. Así, los jóvenes “con tarjeta” (de  identidad francesa o estancia) y los jóvenes “indocumentados” están  en una situación de competencia en la búsqueda de empleo, para mayor beneficio  de los capitalistas. La represión, que sólo muy raramente afecta a éstos, se abate en cambio sobre los trabajadores clandestinos, amenazados por decretos de  expulsión, encerrados en centros de retención, expulsados por la fuerza del  país e incluso colocados ellos mismos en competencia con nuevos trabajadores  clandestinos traídos por las redes organizadas por el capital.

Es ya hora de que la izquierda  francesa manifieste su solidaridad con este subproletariado sobreexplotado, con  estos jóvenes precarizados de las ciudades satélite. Si bien este petit peuple de las ciudades satélite no  constituye, ciertamente, la totalidad de su base social, sin él la izquierda no  será nunca más verdaderamente popular. Lo que está en juego en esta solidaridad con las reivindicaciones de los jóvenes de los suburbios consiste en la  articulación de las luchas tradicionales de los trabajadores franceses -sean  franceses de origen, nacidos de la inmigración o extranjeros- con las de las  otras fracciones de las clases populares: precarios, parados, indocumentados,  personas sin hogar, sin derechos. Hay seguramente en ello, para la izquierda francesa y para todos los progresistas, una oportunidad histórica de  reconstruir en la modernidad unas posiciones de clase claras, un espíritu  revolucionario y un internacionalismo de los pueblos. Seríamos bastante románticos  y un tanto ingenuos si creyéramos que se reúnen ya hoy las condiciones  objetivas y subjetivas de una transformación radical e inmediata de la sociedad francesa. No se trata de sugerir que estos jóvenes sean el relevo del  proletariado sin fuelle de los centros capitalistas, o los reflejos de las  periferias de un Sur en ebullición. No se trata tampoco de negar que muchos de  estos jóvenes aspiran simplemente a acceder a la sociedad de consumo y a subir  en la escala social de la sociedad capitalista. No se trata de ocultar el hecho  de que algunos de ellos no tienen otro objetivo que la destrucción, devolver  golpe por golpe a esta sociedad inicua y represiva que los excluye. No se trata  de idealizar las pretensiones que llevan a estos motines -estas formas de  violencia, por otra parte casi siempre dirigidos contra los propios habitantes  de las ciudades satélite-. Pero aunque estos jóvenes en rebeldía no formen  partidos, aunque sigan suscitando mucha desconfianza y una cierta inquietud en  el resto del país, la izquierda debe ver en ellos a unos aliados para la  necesaria transformación progresista, social y democrática de Francia, y no  solamente una reserva de votos para las próximas elecciones.

Samir Amin y Rémy Herrera
Traducido del francés para Rebelión por S. Seguí

“Ninguna persona debería enfrentarse a discriminación en el trabajo a causa de su raza”. Cuando el Tribunal Supremo de EE UU emitió una sentencia, el pasado lunes, con esta conclusión, cambió sustancialmente la forma en la que el país ha tratado de compensar, desde los años sesenta, décadas de esclavitud, racismo y segregación contra los negros.

“Ninguna persona debería enfrentarse a discriminación en el trabajo a causa de su raza”. Cuando el Tribunal Supremo de EE UU emitió una sentencia, el pasado lunes, con esta conclusión, cambió sustancialmente la forma en la que el país ha tratado de compensar, desde los años sesenta, décadas de esclavitud, racismo y segregación contra los negros. Porque, después de seis años en los tribunales, un grupo de 29 bomberos, todos blancos, incluido un hispano, logró demostrar que la ciudad que les contrató, New Haven, les había discriminado para favorecer a otro grupo compuesto íntegramente por afroamericanos.

Tratando de escapar de una demanda por comportamiento racista, la autoridad de New Haven acabó protagonizando un caso de racismo inverso. “La voluntad de evitar la discriminación inintencional no puede justificar la discriminación intencionada”, ha dicho el Supremo en su sentencia.

En invierno de 2003, esta ciudad organizó dos exámenes orales y escritos para ascender a un grupo de bomberos locales a los rangos de teniente y capitán. Los que acertaran más de un 70% de las preguntas aprobarían. De ellos, y por estricto orden descendente de nota, los 15 mejores serían ascendidos. En las pruebas para teniente aprobaron 25 blancos, seis afroamericanos y tres hispanos. En las de capitán, fueron 16 blancos, tres negros y otros tantos latinos. Las 19 personas que tenían suficiente nota para lograr el ascenso eran todas blancas, además de dos latinos. Un grupo de 18 bomberos negros decidió protestar ante el Gobierno local. Argumentaron que los resultados de los exámenes eran una prueba de que había habido una discriminación racista en su contra. Que por ser negros habían sido apartados de las posiciones de mando del cuerpo de bomberos. El Ayuntamiento examinó las listas y abrió en 2004 un proceso de ratificación de las pruebas que duró cuatro meses.

En las vistas orales, los bomberos blancos declararon que habían invertido tiempo y dinero en prepararse para los exámenes. Uno de ellos, Frank Ricci, dijo que tuvo que hacer un esfuerzo titánico para aprender las lecciones, ya que es disléxico. Ha sido bombero durante 11 años. Se gastó 750 euros en libros. Estudió hasta 13 horas diarias. Aprobó y logró el ascenso. Algunos expertos en educación certificaron que los exámenes eran neutrales y que no llamaban a la división racial. No había nada que los bomberos negros no pudieran haber estudiado.

Sólo para blancos

Otros, sin embargo, dijeron que los resultados demostraban que los exámenes atentaban contra la Ley de Derechos Civiles de 1964, que establece que un empleador no puede administrar pruebas de trabajo que vulneren la representatividad de una minoría protegida.

Al final, el gobierno local declaró la prueba inválida, a través de la Junta de Servicios Sociales. De sus cinco miembros, dos empataron. El quinto se inhibió, ya que un familiar se había presentado al examen. El Ayuntamiento convocó otra prueba. Ricci y los otros 19 bomberos, que se ganaron el sobrenombre de Los 20 de New Haven, llevaron al alcalde a juicio. En varias ocasiones, la justicia falló en su contra. Hasta que llegaron al Supremo.

Lo que se ha debatido en la última instancia judicial del país es si New Haven ha respetado el título séptimo de la Ley de Derechos Civiles, aprobada en 1964, que se puede resumir en un claro mandamiento a todos los empleadores, públicos y privados, del país: es ilegal discriminar por raza, sexo o religión. Lo irónico es que esa ley se creó para proteger a las minorías negras, y ahora se ha esgrimido para proteger a un grupo mayoritariamente blanco.

“Esta sentencia es preocupante”, explica Linda Greenhouse, una periodista que informó sobre el Supremo durante 29 años y que ahora trabaja para la Universidad de Yale. “Este país ya fue demasiado lejos discriminando a los afroamericanos como para dejar de preocuparse de ello en este momento. Hay normas que se deben respetar, tenemos unas normativas muy buenas que nos han impedido, hasta la fecha, volver a tiempos peores. Es preocupante que el Supremo detenga la lucha por la igualdad. Esas leyes, bien interpretadas, hacen que haya cierto equilibrio y que se compensen las injusticias del pasado”.

Esta sentencia ha puesto en duda indirectamente otra sentencia emitida por el mismo Supremo en 1971, en otro caso de fuertes connotaciones raciales. La empresa Duke Power, de Carolina del Norte, quería contratar trabajadores para su planta eléctrica de Dan River. En el pasado había sido una compañía segregada. Entonces, por ley, debía tratar a todos los empleados por igual. El problema fue que a la hora de exigir unos requisitos mínimos, como el graduado escolar, un 88% de los negros se quedó fuera.

El caso llegó al Supremo, que en 1971 dictaminó que el proceso había sido “justo en la forma, pero discriminatorio en su resultado”. Es decir, que un proceso de contratación podía ser “racista en sus consecuencias, y no simplemente en su motivación”. Muchos negros vivían en la pobreza. No habían podido cursar estudios por el racismo que existía contra ellos. Por tanto, era imposible que la mayoría tuviera graduado escolar. La Corte concluía que la “historia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que han demostrado resultados muy efectivos sin las medallas convencionales de los certificados, diplomas o títulos”.

Ahora, sin embargo, la misma Corte ha decidido que es suficiente un examen y que un empleador carezca de intenciones racistas. Si en los resultados de las pruebas no había ningún negro, no fue por culpa de la prueba. “El examen era neutral”, explica Ilya Shapiro, analista experto en jurisprudencia del Supremo de la organización conservadora Cato Institute. “No favorecía ni a unos ni a otros. El problema es que el gobierno local decidiera anularlo simplemente porque los resultados no favorecían a un grupo sobre otro. Uno no puede volver atrás en el tiempo y cambiar las normas del juego sólo porque los resultados no son satisfactorios”.

La sentencia del Supremo no ha sido aprobada por unanimidad. Cinco jueces han fallado a favor de Los 20 de New Haven. Otros cuatro, en minoría, se opusieron, recordando que el departamento de bomberos de la ciudad tiene un reciente pasado racista. En 1972, la ciudad disponía de 502 bomberos blancos y 18 negros. En aquella época, un 30% de la población de New Haven era de minoría negra o hispana.

En 1973, 1989 y 1998, los pocos bomberos negros que había ya denunciaron que la contratación de nuevos agentes seguía un patrón “de discriminación voluntaria”. A finales de los ochenta, un tribunal de apelaciones del Estado de Connecticut ratificó que el departamento de bomberos de New Haven ofrecía a agentes blancos puestos que todavía no estaban vacantes, creando una dinámica interna en los ascensos de la que quedaban excluidas las minorías.

“Muchos cuerpos de bomberos se negaban a contratar a negros antes de finales de los años cincuenta o sesenta, y aquellos que lo hacían en raras ocasiones, generalmente los destinaban a estaciones segregadas y los sometían a un acoso severo”, dice un informe de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, presentado ante el Tribunal Supremo. En la capital federal, Washington, a los bomberos negros no se les permitió dormir en las mismas dependencias que los blancos hasta los años sesenta. Y hasta entrados los setenta, tenían camas marcadas con la letra C, platos con la letra C, cubiertos con la letra C. De persona “de color”.

El problema es que tres décadas después, el departamento de bomberos de New Haven sigue teniendo una representación desproporcionada de blancos. Sólo uno de los 21 capitanes es negro. De los 32 agentes con cargos de responsabilidad, sólo hay tres negros y otros tantos hispanos. Hoy en día, el 60% de la población de New Haven es negra o latina.

El grupo de bomberos negros no cree que el caso vaya a acabar donde lo ha dejado el Supremo. “Esto no acaba aquí”, dijo el pasado miércoles en rueda de prensa Gary Tiney, portavoz de la New Haven Firebird Society, la asociación de bomberos afroamericanos. “Podemos recordar ahora muchos incidentes con el uso de sogas [un símbolo racista en EE UU] y otros acosos. Yo sé que yo mismo voy a sufrir incidentes. Sé que van a ocurrir. Sé que me llegarán por correo. Pero sé que decidí desde un principio asumir esta posición”.

Estas personas, cuyas familias han vivido la segregación y el racismo hasta hace pocos años, han confiado en la discriminación positiva para salir de un círculo vicioso de marginación y pobreza al que les condenó la sociedad norteamericana de antaño. “Se trata de erradicar la injusticia histórica que ha existido en este país en contra de minorías desfavorecidas y que todavía se sigue dando en ciertos ámbitos”, explica el profesor Edward Kellough, de la Universidad de Georgia y autor del libro Understanding Affirmative Action.

“Metaforizando el asunto”, explica, “es como ver a dos corredores en una competición. Uno de ellos parte de la salida cargado con un gran peso añadido, el otro corre ligero. A mitad de carrera, los jueces se dan cuenta de que la carrera es injusta, liberan al segundo corredor de su peso, y reanudan la marcha como si nada hubiera sucedido. ¿Es eso justo? El segundo corredor tiene un buen trecho de desventaja. El objetivo de la discriminación positiva es compensar esa desventaja”.

La meta es fomentar la contratación de minorías tanto en la empresa privada como en el sector público. Los únicos límites son los de las cualificaciones de cada aspirante. “Si se administra una prueba laboral y dos candidatos llegan con las mismas notas y los mismos méritos y uno es blanco y el otro es afroamericano, al final, el empleador debería elegir al afroamericano”, explica el profesor Kellough. A lo largo de los años, desde los tiempos de Lyndon B. Johnson, el Gobierno de EE UU ha aprobado diversas directivas impulsando la contratación de minorías en el mundo laboral.

No todo el mundo opina igual. El mismo presidente Barack Obama, que ha sido profesor de derecho constitucional, se ha mostrado crítico. “No creo que contratar con el único criterio de la raza sea algo constitucionalmente aceptable”, dijo en una reciente entrevista con Associated Press. “Siempre he pensado que la discriminación positiva debería tener menor importancia de la que se le da en los medios”.

Aun así, y a pesar de todo, los bomberos negros de New Haven siguen insistiendo en que las pruebas no fueron justas. Lo repiten una y otra vez. Lo repite la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, que les apoyó en su defensa. “Hubo una predisposición cultural en esos exámenes”, dice Hilary O. Shelton, director de la división de esa organización en Washington. “Hubo preguntas que estaban diseñadas para apartar a los aspirantes afroamericanos. El Tribunal Supremo no supo verlo, pero la discriminación estaba presente en esos exámenes. Y la prueba son los resultados“.

La prueba que se distribuyó en New Haven es, de hecho, inusual. En muchas oficinas de bomberos de EE UU, el examen de ingreso es una prueba física y una simulación de una situación de crisis a la que el aspirante se debe someter. El de New Haven, sin embargo, era un examen teórico escrito que suponía el 60% de la nota, acompañado de una prueba oral, valorada en el 40%.

La juez Ruth Ginsburg, que disintió de la sentencia mayoritaria, explica en su anexo que hubo un contexto de discriminación que pervive desde hace décadas en New Haven. Según esta magistrada, “algunos individuos ya tenían los libros necesarios antes de que se publicara el temario”. “Mientras muchos aspirantes de origen caucásico pudieron obtener los materiales y la ayuda de sus familiares en el servicio de bomberos, la inmensa mayoría de los aspirantes de las minorías eran bomberos de primera generación, sin la ayuda de semejantes redes”, añadió.

Los jueces discrepantes creen que la discriminación sobrevive en aquel puesto de bomberos a través de décadas y décadas de poder blanco ostentado por familias de empleados blancas. Las familias tienen abuelos, padres, hijos y nietos bomberos. Casi todos blancos, porque a los negros se les permite ser bomberos desde hace muy poco. Según esta versión, los blancos son una poderosa red que sabe qué estrategias aplicar para que quienes desconocen los resortes del poder queden excluidos. Para demostrarlo, los resultados del examen. La mayoría del Supremo, sin embargo, no los ha dado por válidos. Y en lugar de un caso de racismo original, Los 20 de New Haven han acabado siendo el primer caso de racismo inverso demostrado por la máxima instancia judicial del país.

DAVID ALANDETE 04/07/2009